Deuda..., ¿la deuda de quién?

He escuchado y leído en muchas ocasiones que España tiene que ser un país que cumpla con sus compromisos, que pague lo que adeuda y que tenemos que demostrar seriedad ante los mercados. Todo ello en relación con el pago de eso que denominamos deuda. Estas afirmaciones se realizan con poco espíritu democrático y con muchísimo desconocimiento. Lamentablemente han pasado a ser el discurso oficial y mucho ciudadano biempensante lo ha interiorizado como propio.

Para entender bien cómo se ha gestado la actual deuda de nuestro Estado no tenemos que perder la memoria y conocer los hechos con algún detenimiento para poder ejercer nuestra libertad de expresión con algún mínimo rigor.

Hasta el año 2007 la deuda en España era mayoritariamente de naturaleza privada. Los diferentes gobiernos desde el año 1998 habían elegido un mismo modelo presupuestario que priorizaba el pago a los acredores privados. Así, mientras en ese período de tiempo la deuda privada crecía del 100% del PIB al 200%, la deuda pública española se quedaba en un 35,5% del PIB. Los bancos se dedicaban al negocio inmobiliario inflando la burbuja y concedían créditos a todo el mundo, al mismo tiempo que negociaban con productos tóxicos en busca del beneficio fácil e improductivo. Ese era el irreal y suicida modelo de crecimiento que tanto el PP como el PSOE habían impulsado desde sus gobiernos, con la famosa Ley del Suelo del gobierno Aznar como gran ejemplo. Mientras tanto, los responsables del invento, los grandes directivos de la banca, cobraban (y siguen cobrando) sueldos y primas de varios millones de euros y los beneficios empresariales subían como no lo habían hecho anteriormente. En resumen, existía un beneficio privado sin parangón.

La caída de Lehman Brothers en 2008 puso al descubierto para el gran público la gran farsa que había supuesto todo el modelo de crecimiento establecido en la última década. Toda la estructura se desplomó como si fuese una composición con piezas de dominó. El discurso que comenzó a propagarse desde los ámbitos gubernamentales y económicos fue el de “salvar a los bancos”, “pagar la deuda” y “el rescate de las finanzas”. El dinero público empezó a desviarse hacia la banca privada y sociedades de inversión. Los Estados empezaron a necesitar mucho dinero para inyectar dinero a las entidades financieras, con el consiguiente incremento de la deuda pública. Un claro ejemplo de la socialización de las pérdidas.

La contenida deuda pública ha llegado hasta el 75,9% del PIB en 2012 y las previsiones del propio Gobierno son llegar en 2013 a sobrepasar el 80% del Producto Interior Bruto de España. Los intereses de la deuda se desbocaron y los grandes prestamistas, de manera insaciable y utilizando la complicidad de la Comisión Europea, no se contentaron con la tendencia presupuestaria, sino que obligaron a hacer constitucional el pago de la deuda, no vaya a ser que a algún país se le ocurra anteponer darle de comer a sus ciudadanos antes que pagar a los prestamistas. PP y PSOE como buenos lacayos, agacharon la cabeza y propiciaron una reforma de la Constitución por la vía rápida, sin realizar ningún tipo de referéndum. Para poder pagar esa deuda se sacrifica a la gran mayoría de la población para satisfacer los requerimientos tanto de un pequeño porcentaje de españoles, como de las grandes entidades financieras extranjeras y otros Estados que también prestan dinero a España destinado a los bancos. Las políticas realizadas por PSOE primero y después por el PP han regulado y regulan a favor de una pequeña minoría y gracias a la deuda pública que se genera se garantiza el saneamiento de los activos tóxicos que son insostenibles por la deuda privada.

De esta manera, en estos años y para el próximo, la deuda se come todo el presupuesto. Tan solo los intereses de la deuda del Estado español ascenderán un total de 9.742 millones de euros,  alcanzando de esa manera 38.590 millones de euros, es decir, casi un 34 por ciento más que este año. El pago de estos intereses es casi la misma cantidad que lo presupuestado para todos los ministerios, cuya previsión en el presupuesto es de 39.722 millones de euros.

La agenda social y política se ha visto supeditada específicamente al pago de la deuda. Ningún gobierno de cualquier índole, independientemente del partido político que lo sustente (PP, PSOE, IU, CiU u otro partido nacionalista),  duda en poner en marcha recortes, despidos, privatizaciones, ajustes, transfiriendo, de esa manera, el coste privado generado por la incompetencia y arrogancia de poderes económicos y políticos a la mayor parte de la población.

No tendríamos que olvidar nunca a la hora de preguntarnos por la deuda quiénes fueron los que contrajeron la deuda, a quiénes está beneficiando ahora esa deuda y están recibiendo los cientos de millones de euros de ayuda pública, quiénes se beneficiaron en su día de la mala práctica empresarial y financiera. Y al final, una pregunta se impone ¿Quién debe pagar la deuda?

Autor: J.R.S.